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La obligación de resolver por parte de la Administración

Un precepto básico del procedimiento administrativo lo constituye la obligación de resolver por parte de la Administración, a ser posible en plazo. En ese sentido, y respecto a las acciones formativas con compromiso de contratación relativas a la anualidad 2016, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, “ha heredado” por parte de la anterior Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, numerosos recursos de alzada presentados por las empresas concurrentes a dicha convocatoria, que llevan un retraso en su resolución de prácticamente un año desde su presentación, resultando evidente la inactividad de la Administración al respecto.

La apuesta del Servicio Canario de Empleo por la creación de puestos de trabajo mediante este tipo de acciones, podría estar afectando drásticamente al normal funcionamiento de las empresas participantes en dicha convocatoria debido a la falta de pago acumulado por las liquidaciones pendientes, cuestión que, además, se trasladará con total seguridad a las acciones formativas con compromiso de contratación asignadas en la anualidad 2017, donde la cifra de participantes resultó considerablemente superior, pasando de 9 empresas beneficiarias en el año 2016 a 26 empresas beneficiarias en el año 2017.

Los motivos argumentados por los recurrentes en los diversos recursos de alzada presentados están más que justificados, ya que el SCE ha incumplido sistemáticamente  la aplicación del principio de proporcionalidad en las liquidaciones practicadas, sin atender a lo aludido en el artículo 17, apartado n) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Asimismo, se han dejado totalmente de lado cuestiones como la seguridad jurídica o la confianza legítima en la Administración con efectos sobre el administrado, ya que ésta ha optado por aplicar un cambio de criterio respecto a actuaciones anteriores careciendo de fundamentación expresa, incumpliendo con ello lo preceptuado en el artículo 35, apartado 1.c), de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en cuanto a la motivación de los actos.

Todo un cúmulo de despropósitos que ha dado lugar al pronunciamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, así como, subsidiariamente, al de los Servicios Jurídicos de la Secretaría General del SCE, dada la dimensión que ha adquirido la situación. Sin embargo, un profundo atisbo de oscurantismo por parte de la Administración contrasta con la transparencia que debe primar en este tipo de actuaciones. ¿Cuál es el contenido de estos informes cuya consulta pública parece imposible bajo el pretexto de tratarse de procedimientos internos? ¿Cómo afectan a la resolución de los recursos de alzada pendientes? Y sobre todo, ¿Cuánto tiempo más deberán esperar los afectados para la resolución de estos recursos?

Lo cierto es que, se mire por donde se mire, las irregularidades cometidas por parte del SCE con las liquidaciones de estos expedientes AFCC 2016 son tan claras que cualquier Juzgado de lo Contencioso-Administrativo concedería la razón a los recurrentes, con exigencia además de responsabilidad patrimonial a la Administración; no obstante, y atendiendo al viejo refrán que reza “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, lo que cabría esperar de la misma es que al menos cumpla con su obligación de resolver los recursos de alzada presentados, y en ese compás de espera donde el tiempo transcurre el daño producido se vuelve cada vez más irreparable para las empresas y su estructura. ¿Qué se pretende con esta praxis por parte de la Administración: crear empleo o destruir empresas?; ¿es acaso posible procurar la creación de empleo mediante convocatorias como las acciones formativas con compromiso de contratación al tiempo que se impide a las empresas concurrentes en dichas convocatorias desarrollar de una manera coherente el proyecto presentado en las mismas?; o, lo que es aún peor, ¿cómo justificar un cambio de criterio en la interpretación del contenido de las convocatorias una vez ejecutados en su totalidad los proyectos presentados?

Así las cosas, confiamos en que el nuevo equipo de Gobierno sepa hacerse eco de esta situación, ya que de lo contrario las convocatorias de acciones con compromiso de contratación se quedarán totalmente desiertas de cara al futuro más inmediato. Valga como ejemplo la asignación del primer período correspondiente a la convocatoria 2019, donde tan sólo 10 empresas resultaron beneficiarias de subvención para todo el archipiélago, quedando sin asignar un total de 2,4 millones de euros, prácticamente el 40 % del presupuesto inicialmente previsto. Sin duda, un auténtico fracaso a nivel institucional de la puesta en práctica de esta política activa de empleo.

 

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